La autovía A 11 o autovía del Duero, cuyo trazado debería
discurrir entre Portugal y Soria, es uno de los exponentes del fracaso de las
políticas económicas llevadas a cabo por PP y PSOE desde 1996. Ambos partidos
sacralizaron, y todavía siguen sacralizando, las grandes infraestructuras de
transporte. Ahora todos somos conscientes del despilfarro en aeropuertos
destinados a no tener pasajeros. Queda aún pendiente un ejercicio de reflexión
con las autopistas y autovías.
Muchos tramos de esta autovía no se han terminado. Hace poco
tuve ocasión de circular entre San Esteban de Gormaz y Soria. Sólo estaba
terminada la variante de Burgo de Osma. Las explanaciones de la nueva autovía
quedaban paralelas a la N 122 totalmente abandonadas, ya que no había ningún
tipo de actividad. No es el único ejemplo. El Ministerio de Fomento ya
rescindió contratos correspondientes a 21 tramos de autovía en toda España,
dejando un reguero de autovías mutiladas por todo el país.
Resulta que, aunque mucha gente no se lo crea, España es, desde principios de la pasada década, el
país europeo con más km de carreteras de alta capacidad (autovías y autopistas)
de Europa. Muy por delante de países más desarrollados, como Alemania, Francia,
Italia, Suecia u Holanda. Y por ello hay que descartar una correlación positiva
entre este tipo de carreteras y el desarrollo económico. De hecho, Portugal nos
acompaña en esta sobredosis de autopistas, y tampoco está a la cabeza de los
países más ricos. Además, muy probablemente, si no es España a quien más caro
le sale cada km de estas infraestructuras, estará en el grupo de cabeza, porque
nuestra accidentada orografía y nuestra relativamente baja densidad de
población exigen un mayor gasto para unir a la misma cantidad de habitantes que
el que han de afrontar países llanos y muy poblados, como los centroeuropeos.
Los dos grandes partidos políticos han explicitado su deseo
de situar a España a la cabeza mundial en materia de líneas ferroviarias de
alta velocidad y de autopistas y autovías. El Plan Estratégico de
Infraestructuras de Transporte vigente (PEIT 2005 – 2020), elaborado por el
Gobierno del PSOE, pretendía construir 6.000 nuevos km de carreteras de alta
capacidad. Este PEIT otorgaba la parte del león al tren de alta velocidad, lo
cual también es digno de ser cuestionado. Aun así reservaba 32.000 millones
para construcción de nuevas autovías y autopistas y 22.500 para conservación de
la red de carreteras. El anterior Plan de Infraestructuras (2000 – 2007),
realizado por el PP, destinaba 39.800 millones a nuevas autopistas y autovías.
La Presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, pretendía gastar 2.200 millones en
un túnel que atravesara el subsuelo del Monte de El Pardo para poder así cerrar
el tercer cinturón de autopistas de Madrid, la M-50 (y hay otro medio cinturón
más, la M-45). En 2012 la inversión en conservación de carreteras de la
Administración Central ascenderá a 873 millones de €. Y esta cifra se destina a
las dos terceras partes del total de autovías pertenecientes a la Red de
Carreteras del Estado, luego cabe suponer que el importe total, es decir, el
que incluye los km gestionados por las CC.AA, es bastante superior.
Lo que quiero decir no es que no haya que construir
autovías, sino que hay que construir las justas. Y, en mi opinión, hace ya
mucho que dejamos atrás el equilibrio en esta materia, y andamos situados de
nuevo en el exceso y en el despilfarro. Porque no parece que tenga mucho
sentido aspirar a que todas las capitales de provincia estén conectadas por
autovía/autopista y tren de alta velocidad, que es lo que pretenden PP-PSOE.
Comunicar zonas escasamente pobladas a un coste desorbitado que, además, genera
compromisos de gasto futuros, es un disparate. De hecho, muchas de esas autovías
son un desierto, porque apenas circulan coches por ellas. Si de lo que se trata
es de contribuir al bienestar de los habitantes de esas zonas, hay otras muchas
formas de hacerlo, más eficientes, duraderas y respetuosas con el medio
ambiente. Pero este despilfarro no atañe sólo a las áreas escasamente pobladas:
ahí tenemos el ejemplo de la ruina de las autopistas radiales de Madrid,
auxiliadas por el Estado con cargo al contribuyente.
Es ya repetitivo decir que este modelo de asfalto (muchas
veces vinculado al ladrillo) es contradictorio con cualquier objetivo de
protección del medio ambiente, disminución de la dependencia del petróleo y
eficiencia en el gasto público. Pero aun así hay que insistir. Y hay otro matiz
que suele pasar inadvertido. Y es que la financiación de estas obras únicamente
está al alcance de grandes constructoras, muy relacionadas con grupos
financieros y empresariales endogámicos, que tienen participaciones cruzadas en
sus respectivos capitales sociales. Esto significa que la capacidad financiera
del Estado se ha dedicado a favorecer grupos oligopólicos más que a promover la
capacidad emprendedora de muchos ciudadanos muy cualificados, a quienes les
faltaron facilidades económicas para lanzar y mantener sus empresas. Esto
conllevó la descompensación de nuestra economía: no es una economía en red,
compuesta por muchos núcleos entrelazados generadores de alto valor añadido,
sino una economía dependiente del sector de la construcción y de grandes
núcleos de poder económico y financiero. Y de aquí se han derivado grandes
males que nos costará mucho remediar.
Miguel Á.
Ortega. Economista y Presidente de Asociación Reforesta
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