Por Miguel
Á. Ortega. Economista
Se habla mucho de
las bondades del empleo verde para facilitar la transición hacia una economía
sostenible y creadora de alto valor añadido. La sostenibilidad tiene una triple
vertiente: ambiental, económica y social; en España está patas arriba, porque parece que para acercarnos a la
sostenibilidad por su lado ambiental es necesario que estemos en crisis. Desde
2007, el consumo de materiales y de energía de la economía española ha
disminuido considerablemente (el año 2009, cuando el PIB registró su mayor
caída, el consumo de energía quedó al nivel de 2002). Esto, que es una
formidable noticia para el medio ambiente, está siendo calamitoso para el
empleo y la cohesión social.
Es evidente que la
insana estructura económica de España provoca que una misma caída del PIB
genere un desempleo comparativamente mayor respecto a los países de nuestro
entorno. Por ello ni el Gobierno central ni los de las CCAA deberían demorarse
en impulsar ese modelo económico alternativo tantas veces proclamado, del cual
nos vamos alejando cada día que pasa. Tal modelo ha de ser capaz de hacer más
con menos, es decir, de crear más valor consumiendo menos materiales y energía
y sin deteriorar la calidad de nuestros soportes físicos: agua, aire y suelo. Esa
mayor eficiencia en el uso de los recursos tiene su correlato en un aumento de
la productividad, la cual permite disponer de más ahorro y, por tanto, de mayor
capacidad de inversión para generar empleo.
Hay que redefinir
el perfil de nuestro país, ubicarlo en otras coordenadas socioeconómicas, y ello
pasa por estimular la demanda de servicios y productos sostenibles elaborados
en España. Para conseguirlo hay que aflorar recursos que permitan financiar
esas políticas de estímulo. A continuación repaso algunas maneras de hacerlo.
- - Política fiscal verde. Necesitamos gravar el
consumo de aquello que es más negativo con el medio ambiente y destinar la
recaudación a promover la economía sostenible. Para evitar dañar con más
impuestos indirectos a los ciudadanos con menos ingresos deberían establecerse
compensaciones a través de otros impuestos y tasas por servicios públicos (por
ejemplo, bonificaciones en el precio del transporte). Además, para favorecer la
creación de empleo, podrían reducirse las cotizaciones sociales (verdadero impuesto
que asciende al 40% de los conceptos salariales) y destinar una parte de la
recaudación por impuestos verdes a compensar la pérdida de ingresos de la
Seguridad Social.
- - Normativa ambiental exigente. Ampliar las
obligaciones en materia de gestión ambiental crearía empleo de calidad en los
sectores de consultoría, energías renovables, residuos, construcción y
rehabilitación, depuración, agricultura ecológica e industrias vinculadas al medio ambiente. Las
principales afectadas por estas medidas serían las grandes compañías, muchas de
ellas transnacionales con capacidad suficiente para afrontar exigencias que,
por otra parte, ya soportan en otros países. Además, favorecer el desarrollo de
este mercado contribuiría a mejorar la capacidad de España para exportar este
tipo de productos y servicios, cada vez más relevantes a nivel mundial.
- - Apoyo decidido a la eficiencia energética y a
las energías renovables. Los primeros beneficios de esta política se notarían
en un menor gasto en importación de combustibles fósiles y en la recuperación
del empleo perdido en los últimos tres años en el sector de las renovables.
Desafortunadamente, el Gobierno no está en esta línea, según hemos visto con el
recorte de primas. Por otra parte, España ha gastado en el periodo 2008 - 2011 770
millones de € en la compra de créditos de carbono para compensar nuestra
incapacidad para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los
llamados sectores difusos (transporte, hogares y empresas de servicios e
industriales no sometidas el Régimen Europeo de Comercio de Derechos de
Emisión), y podría verse abocada a gastar una cifra semejante hasta 2014. Es
evidente que merecería la pena poder destinar esos recursos a promover el
empleo verde aquí, en lugar de pagar esa especie de multa por no esforzarnos lo
suficiente en reducir emisiones. Afortunadamente, parece que el actual Gobierno
lo ha entendido así. Por el contrario,
es una lástima que una buena parte de la asignación de derechos de emisión a
las empresas, o sea, de contaminación, se vaya a asignar de forma gratuita.
- - Impuesto de carbono. Ayudaría a que el sistema
de precios internalizara los costes ambientales. Les propongo que presten
atención al origen de, por ejemplo, la mayoría de las lentejas y garbanzos a la
venta en hipermercados; proceden de Norteamérica, lo cual daña a los
agricultores españoles. Un reciente informe elaborado por la ONG Amigos de la
Tierra en colaboración con las universidades de Sevilla y Vigo afirma que los
alimentos importados recorren de media más de 5.000 km hasta llegar a España. Y
lo mismo cabe decir de un sinfín de productos.
- - El Estado debe promover acuerdos comerciales
preferenciales con países dispuestos a contratar con empresas españolas de
sectores en los que disponemos de un avanzado nivel tecnológico, como es el de
las energías renovables.
Éstas son algunas propuestas limitadas al ámbito ambiental. Las dos últimas probablemente exigirían algún tipo de coordinación con la UE, pues la política comercial está delegada en esta institución. Obviamente, son igualmente importantes otras acciones que incrementarían la disponibilidad de recursos para el conjunto de la sociedad, como la lucha contra el fraude fiscal, la implantación de la Tasa Tobin, la neutralización de los paraísos fiscales y, por supuesto, suavizar el ajuste del gasto público. Salvo la primera, las demás exigen también la coordinación con otros países, pero no por ello nuestros gobernantes deben dejarlas para el final.
Está claro que España no puede permitirse el lujo de tener desocupada a una parte importante de su recurso más valioso, su gente, que es la más preparada que ha tenido en su historia, sin verse abocada a medio plazo a un serio empobrecimiento que puede poner en riesgo la paz social. Ya que, en general, nuestros políticos han hecho una mediocre gestión durante las últimas dos décadas, al menos ahora deberían ser capaces de cambiar el chip y estar a la altura de las circunstancias, puesto que España no vuelva al furgón de cola depende, en primer término, de ellos.
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